La «Asociación Iraní de Derechos Humanos» es una organización que trabaja para promover y proteger los derechos humanos en Irán. Esta asociación, junto con otras entidades como la Comunidad Bahá’í de España y Amnistía Internacional España, ha organizado eventos para mostrar solidaridad con el movimiento «Mujer, Vida y Libertad» en Irán. Además, existen mecanismos internacionales como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán, que supervisa e investiga las violaciones de derechos humanos en el país.
La Asociación Iraní Pro Derechos Humanos (España) expresa su profunda preocupación por la creciente ola de ejecuciones que se está llevando a cabo en la República Islámica de Irán.
Según informó el portavoz del Poder Judicial iraní, el 6 de agosto fueron ejecutados Roozbeh Vadi, acusado de colaborar con los servicios de inteligencia de Israel, y Mehdi Asgharzadeh, acusado de pertenecer al grupo, Estado Islámico (ISIS).
Roozbeh Vadi era miembro del Instituto de Investigación de Ciencias y Tecnologías Nucleares, dependiente de la Organización de Energía Atómica de Irán, y en 2011 había cofirmado un artículo junto a dos reconocidos especialistas nucleares, Abdolhamid Minouchahr y Ahmad Zolfaqari. Estos dos últimos fueron asesinados por fuerzas israelíes durante la guerra de doce días entre ambos países.
Previamente, el 27 de julio de 2025, y siempre según fuentes judiciales oficiales, fueron ejecutados los prisioneros Mehdi Hasani y Behrouz Ehsani Eslamlu, acusados de pertenecer a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI).
Tras la guerra de doce días entre Israel y la República Islámica de Irán, el número de detenciones de activistas políticos y civiles, así como la ejecución de condenas de muerte dictadas hace años, ha alcanzado niveles sin precedentes. Esta intensificación de las ejecuciones responde, como en ocasiones anteriores, a una política sistemática destinada a infundir miedo y reprimir las protestas populares en un contexto de inestabilidad política.
En el primer trimestre de 2025 se han registrado más de 230 ejecuciones en Irán, el doble que en el mismo periodo del año anterior (110 casos). En los primeros cuatro meses del año, al menos 343 personas fueron ejecutadas, lo que supone un aumento del 75% respecto a 2024. En total, desde enero hasta la fecha de hoy, 767 prisioneros han sido ahorcados, confirmando un incremento del 75% en comparación con el año pasado.
La Asociación Iraní ProDerechos Humanos ha denunciado reiteradamente que la pena de muerte en Irán no constituye un instrumento de justicia, sino una herramienta política cuyo único objetivo es aterrorizar a la población. Las ejecuciones, en realidad, son asesinatos de Estado. La ausencia total de garantías procesales en los juicios que imponen la pena capital constituye una prueba irrefutable de esta práctica sistemática.
Amnistía Internacional, en un informe reciente, denunció que el 30 de julio de 2025, en la prisión central de Uromia (provincia de Azerbaiyán Occidental), se amputaron los dedos de la mano derecha de tres personas —Hadi Rostami, Mehdi Sharifian y Mehdi Shahivand— mediante guillotina, acusadas de robo. El juicio contra estas personas tuvo lugar hace seis años, y la sentencia fue ejecutada después de ese largo periodo, lo que agrava aún más el carácter inhumano de la medida.
La Asociación Iraní Pro Derechos Humanos (España) condena enérgicamente estos crímenes y llama a todas las instancias internacionales competentes a denunciar de forma unánime las violaciones de los derechos humanos en Irán, y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las autoridades de la República Islámica cumplan plenamente con los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
8 de agosto de 2025
Asociación Iraní Pro Derechos Humanos (España)
