28/09/2025 19:50-Actualizado a29/09/2025 17:05
El Ayuntamiento de Murcia está en vías de ceder una iglesia —y los salones parroquiales— completamente gratis al Obispado de Cartagena con la condición de que se mantenga «de forma permanente» su uso religioso, según consta en un informe jurídico del consistorio. Su valor asciende a casi 700.000 euros sin contar los suelos, según recoge otro estudio municipal.
Esto ha generado alegaciones en contra de, entre otros, Ecologistas en Acción, la asociación patrimonialista Huermur y Europa Laica, que ponen en cuestión esta operación que incrementará el ya ingente patrimonio de la Iglesia en España.
«La cesión gratuita, sin condiciones ni contrapartidas, constituiría una descapitalización injustificada del patrimonio municipal. Un bien público se entrega a una entidad privada sin que ésta aporte nada a cambio, lo que vulnera los principios de proporcionalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos», exponen Ecologistas y Huermur en sus alegaciones.
Se trata de la iglesia de Nuestra señora de Fátima, en el barrio de Vistabella, en Murcia. Fue levantada con fondos del Estado, entonces franquista, en los años 50, según Europa Laica. Su uso ha sido siempre religioso, destinado al culto católico y tanto el Ayuntamiento como el Obispado pretenden que siga siendo así cuando se complete la cesión.
En junio de 2018 —»y posteriores reiteraciones en 2023 y 2024″—, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, envió una misiva al consistorio reclamando el inmueble. En ella, el obispo expresó: «En conformidad al interés de una representativa parte de los vecinos, es del interés de la Diócesis de Cartagena instar a este Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia la cesión gratuita del inmueble con 1.598 metros cuadrados construidos sobre una superficie de suelo de 793 metros cuadrados, que constituye un complejo, correspondiente a la parroquia, creada en 1952 [destinada al culto…] y que satisface las necesidades a la feligresía, así como al resto de la población, en los ámbitos que le son propios a la Iglesia católica».
El procedimiento administrativo para la enajenación de la iglesia se inició en el mes de junio pasado. Así lo recoge una comunicación enviada por el Ayuntamiento de Murcia al Obispado a principios de agosto: «En fecha 18 de junio de 2025, se dispuso, mediante providencia, el inicio del expediente de cesión gratuita de la finca […] con destino al culto religioso que ha venido manteniendo desde su construcción […]».
El Ayuntamiento, como paso previo y necesario para poder en efecto ceder el inmueble, ejecutó un procedimiento, que se llama de desafectación del dominio público, esto es, el mecanismo jurídico mediante el cual un bien que forma parte del dominio público deja de estar «afecto» al servicio público, convirtiéndose en un bien patrimonial, lo que permite a la Administración enajenarlo. El proceso se abrió a información pública —y ahí han entrado las alegaciones en su contra— una vez que esta desafectación se aprobó en un pleno municipal de 31 de julio pasado sin votos en contra, en el que PP y Vox votaron a favor y el PSOE se abstuvo.
Según recoge un informe jurídico municipal de 21 de agosto pasado: «Dado que el inmueble ha estado destinado al culto religioso desde su construcción y no es susceptible de albergar otro uso, procede la transmisión de la propiedad al Obispado que en adelante se ocupará de su mantenimiento y conservación«.
El informe jurídico recoge las siguientes «condiciones», que la Iglesia debe cumplir. Primero: «La finca cedida deberá ser destinada al uso para el que se realiza la cesión; como viene sucediendo desde su construcción, el edificio ha estado destinado al culto religioso». Segundo: «Dicho destino deberá ser mantenido de forma permanente«. Tercero: «El incumplimiento de cualquiera de los plazos y condiciones establecidos en los apartados anteriores dará lugar a la reversión al patrimonio de esta Corporación, con todas sus pertenencias y accesiones, sin derecho a indemnización alguna y libre de cargas y gravámenes».
El inmueble, la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, ha sido valorado en un informe municipal, al que ha tenido acceso Público, en más de un millón de euros. Sin embargo, el estado de la construcción —tiene, según los técnicos municipales, filtraciones de agua y distintas fisuras en cerramientos y fachadas— y el paso del tiempo llevaron a los técnicos a emitir una tasación final de 683.642,91 euros. En el informe de valoración se recoge que como solo se cede el edificio, no es «necesario obtener la valoración del suelo».
Alegaciones
Tanto Europa Laica como Ecologistas en Acción como Huermur han presentado alegaciones en las que rechazan la cesión, por un lado, por defectos formales que consideran existen en el expediente, y también por razones de fondo: lo consideran un «regalo». «Básicamente, si es público [un bien] no debe de regalársele a nadie igual que no se le regala un campo de fútbol municipal a un equipo de deportes simplemente porque lo use», señalan en Ecologistas en Acción.
En las alegaciones, Ecologistas reclama que el Ayuntamiento, por una parte, «ordene la revisión íntegra del expediente, incorporando una valoración económica actualizada del inmueble, así como un estudio de viabilidad de alternativas jurídicas distintas a la cesión gratuita [entre ellas plantean el arrendamiento, convenio de colaboración, concesión de uso, cesión temporal condicionada, etc.]» y, por otra, que «deje sin efecto la desafectación y cesión gratuita de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima al Obispado de Cartagena, al no concurrir motivación suficiente, vulnerarse el deber municipal de conservación y resultar incoherente con los informes técnicos obrantes en el expediente».
Juan Celdrán, representante de Europa Laica en Murcia, expone a Público lo siguiente: «Para la opinión pública, parece que no hay nada extraño en que a la Iglesia se le dé una iglesia. La pregunta que se hace la gente es por qué la Iglesia no puede tener una iglesia. [Pero para] los que pretendemos un Estado laico, nuestro argumento es que, independientemente del uso que pueda tener un inmueble, que puede ser una actividad religiosa, la cuestión es la propiedad. Nosotros defendemos que lo público es del 100% de los ciudadanos. Esta iglesia es de todos los murcianos y defendemos su propiedad pública».
«La Iglesia es privada y además depende de un Estado extranjero, que es el Vaticano. ¿Por qué tiene un Ayuntamiento que regalar un inmueble que vale más de un millón de euros? ¿A qué ciudadano u ONG que le haga una petición al Ayuntamiento para que le ceda tal local o inmueble, le dice el Ayuntamiento: Venga, sí, te voy a regalar un inmueble que vale un millón de euros y además el suelo?», se pregunta Celdrán.
«Eso no se hace con nadie. Entonces, ¿por qué a la Iglesia, sí? Tienen decenas de miles de propiedades en toda España y va el Ayuntamiento de Murcia y le regala un inmueble. Nos parece bien que su uso siga siendo religioso y que sea iglesia si los vecinos quieren que así sea, pero el dueño debe seguir siendo el Ayuntamiento de Murcia. El Estado debe conservar el patrimonio», remacha Celdrán.
El estado de la iglesia
El estado del inmueble genera también dudas en Ecologistas en Acción y en Huermur. Así, consideran en las alegaciones que el edificio tiene «patologías constructivas» y citan diversos informes de los años 1996, 1999, 2002, 2009, 2016 y 2020. Luego, argumentan: «La reiteración de deficiencias demuestra que no se trata de incidencias aisladas, sino de problemas estructurales que requieren de una intervención integral de consolidación y rehabilitación. En este contexto, resulta incoherente y jurídicamente improcedente que el Ayuntamiento pretenda desafectar y ceder un inmueble en condiciones de deterioro, pues ello equivale a abandonar el deber de garantizar la conservación y seguridad de un bien de titularidad municipal».
En esta línea, Ecologistas y Huermur pretenden «asegurar la conservación y rehabilitación del inmueble con cargo a la Administración titular (Ayuntamiento de Murcia)» y «garantizar que cualquier futura cesión que pudiera plantearse incluya condiciones claras y exigibles al cesionario, tales como la asunción de obras de rehabilitación y mantenimiento, la preservación de los valores patrimoniales del inmueble y el retorno social mediante fórmulas de uso público, acceso ciudadano o aprovechamiento cultural del bien».
Público preguntó a los servicios de prensa del Ayuntamiento de Murcia por el estado del inmueble y si era cierto que estaba en mal estado y también quiso conocer los argumentos a favor de la cesión, pero no había obtenido respuesta al respecto en el momento de publicación de esta información. Envió además un correo electrónico al departamento de comunicación del Obispado de Cartagena, también sin contestación.
