¿Por qué en España los obispos minusvaloran el problema de la pederastia en la Iglesia? ¿Por qué no quieren investigar a fondo los abusos a menores, ni siquiera contar todos los casos que ya conocen?
El cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. (EFE/Gonzalo Sánchez)
Uno: hay constancia de decenas de miles de casos de abusos sexuales a niños cometidos por sacerdotes; dos: las autoridades eclesiásticas han hecho la vista gorda y le han dado la espalda a las víctimas en muchas ocasiones; tres: los curas pederastas han aprovechado el secreto de confesión para encubrir repetidamente violaciones a niños menores de 12 años y han seguido abusando de ellos con impunidad. Son tres de las conclusiones del informe que la propia Iglesia Católica presentó hace tres meses, revelando la espeluznante cifra de más de 200.000 niños abusados por el clero desde 1950. ¿Dónde? En Francia. En España, hasta ahora, no ha habido nada parecido. La Iglesia sigue sin atreverse a encargar ninguna investigación independiente, pese a los indicios de que aquí la situación podría haber sido igual o peor. ¿Por qué la Conferencia Episcopal española todavía encubre la verdadera dimensión de la pederastia en la Iglesia?
En España, ni siquiera hay un simple registro público y oficial que cuantifique cuántas víctimas han sufrido pederastia en la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal sigue sin informar del número de víctimas, ni de fechas ni de diócesis de los casos de los que tiene conocimiento. Los obispos afirman que atienden las denuncias, pero no están animando a denunciar proactivamente ni están revisando los archivos ni indemnizando a las víctimas ya conocidas. Normal que la mayoría de las denuncias estén llegando a través de los medios. ¿Por qué aquí la Iglesia no se atreve a facilitar una investigación independiente?
A los obispos parece bastarles con que la Fiscalía acabe de ordenar a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitan todos los procedimientos penales (denuncias y querellas) en tramitación referidos a agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de las congregaciones, pero no tiene intención de investigar los casos de pederastia que la Iglesia ha ocultado en el pasado ni ha indemnizado a muchos de los que ya lo han hecho.
Ante su inacción, varios colectivos cristianos han pedido a la Conferencia Episcopal española que financie una comisión independiente sobre los abusos sexuales. De momento, el cardenal Juan José Omella se niega, pese a que el diario El País le ha entregado documentación con 251 nuevos casos de abusos a menores en la Iglesia de las denuncias que ha ido recibiendo (que se suman a los más de 600 casos ya contabilizados por este diario). La Iglesia española ha dicho que investigará los abusos, pero sigue sin precisar cómo ni cuándo.
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En realidad, España no tiene por qué esperar a que la Iglesia reaccione para poner en marcha un sistema independiente que investigue de forma pormenorizada los abusos a menores en las instituciones religiosas. El Congreso acaba por fin de dar el primer paso para investigar esos abusos, pero aún no se ha decidido si será una investigación parlamentaria o de expertos y hay dudas de que tenga capacidad. Miguel Ángel Hurtado lleva más de 57.000 firmas recogidas para pedirle al Congreso una Comisión de la Verdad que sea independiente tanto de la Iglesia como del poder político, como la que se creó en 2012 en Australia, y que abarque las víctimas tanto dentro de la Iglesia católica como en otras instituciones, como centros de menores y federaciones deportivas.
«En los países civilizados las violaciones a niños no forman parte del ‘pim’, ‘pam’, ‘pum’ político, sino que es un tema transversal de derechos humanos«, resumía Hurtado en una entrevista con Carlos Alsina. Hurtado fue víctima de abusos cuando tenía 16 años por parte del monje de Montserrat Andreu Soler, responsable durante 40 años del grupo de ‘scouts’ católicos del monasterio. Lamenta que tanto la sociedad española como el Congreso hayan tardado tanto en reaccionar ante la sucesión de denuncias por abusos en la Iglesia que se han ido acumulando en los últimos años, pero confía en que por fin estemos ante un punto de inflexión ahora que por fin han reaccionado tanto el Congreso como la Fiscalía.
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El autor del libro ‘El Manual del silencio. La historia de la pederastia en la Iglesia que nadie quiso escuchar’ no cree que una comisión como la que empieza a gestarse en el Congreso tenga capacidad para dar voz a las decenas de miles de víctimas de abusos sexuales que necesitan dejar testimonio oficial de los abusos que sufrieron, lo ve como un primer paso. El Congreso sí puede trabajar en aprobar una ley consensuada y con el máximo consenso posible que autorice la creación de la Comisión de la Verdad, una que sea realmente independiente y con verdadera capacidad para documentar todos los abusos sexuales en las instituciones. Del Congreso también depende que se legisle, como piden las víctimas, que los delitos de pederastia no prescriban, la Iglesia esté obligada a indemnizar a las víctimas aunque el caso haya prescrito y se establezcan suficientes mecanismos para juzgar a los encubridores.
No parece probable que en España vaya a pasar como en Francia, donde fueron los propios obispos quienes acordaron crear una comisión independiente con el objetivo de “establecer los hechos, comprender lo sucedido y evitar que se repitan tales tragedias”. También se han investigado los casos de pederastia en la Iglesia católica con expertos independientes en Alemania, Irlanda y EEUU, entre otros países, con conclusiones similares. Todas alertan de que el problema acabó siendo más grave de lo que parecía antes de empezar a investigar. ¿De qué tienen miedo los obispos españoles?
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Las deshonrosas excepciones de países que aún no han investigado la pederastia en la Iglesia católica son España e Italia. Portugal también lo era hasta hace un par de meses. La Conferencia Episcopal portuguesa ha puesto en marcha en enero una comisión independiente para investigar los abusos desde 1950, dando un giro radical a la opacidad que mantenía hasta ahora. En solo cinco días desde la apertura de la comisión han recibido más de un centenar de denuncias.
En noviembre, cuando se conocieron las conclusiones del informe de abusos en Francia, el portavoz de los obispos españoles, Luis Argüello, se quejó de que se estuviera poniendo el foco solo en la Iglesia Católica y se preguntó retóricamente a qué tanto empeño con la Iglesia y por qué no se investiga al Comité Olímpico o la FIFA. Se deducía de aquella rueda de prensa que al obispo le parecía buena idea que se realicen investigaciones sobre pederastia en España en instituciones donde la Iglesia no tiene ninguna responsabilidad, pero considera innecesario hacerla donde sí la tiene. Argüello alegó entonces que solo el 0,8% de los abusos se dan en la Iglesia. Pero, claro, cómo creerse esa cifra cuando no se ponen los medios para conocer la magnitud real de un problema que la institución religiosa ha demostrado haber tenido fuera de control en todos los países donde se ha investigado.
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Pablo Gabilondo
¿Por qué en España los obispos minusvaloran el problema de la pederastia en la Iglesia? ¿Por qué no quieren investigar a fondo los abusos a menores, ni siquiera contar todos los casos que ya conocen? Por si le sirviera a Omella de inspiración, la comisión independiente a la que la propia Iglesia católica francesa encargó el informe la presidía Jean-Marc Sauvé, un exmagistrado muy respetado en el país. Reunió a 21 expertos, entre los que había sociólogos, juristas, antropólogos, médicos, teólogos, psicólogos, historiadores y expertos en Derechos Humanos y de Unicef.
Durante tres años, los expertos tuvieron acceso a los documentos necesarios para investigar posibles abusos desde hace 70 años; también facilitaron teléfonos y sitios web de atención a las víctimas para reunir sus testimonios y darles apoyo psicológico y asistencia jurídica gratuita, algo que varias asociaciones cristianas ya están pidiéndole a la Iglesia que habilite en España. Además de investigar los casos, las víctimas exigen reparación. En Francia ya ha empezado. Apenas tres meses después de presentar las durísimas conclusiones, la Iglesia francesa está indemnizando a 200.000 víctimas con los 20 millones de euros que ha reunido tras vender parte del patrimonio de la institución. Varios obispos franceses se han mudado a una casa más modesta para que su diócesis pueda aportar más fondos y también han hecho donaciones personales.
Los diferentes informes independientes han coincidido en detectar que en la Iglesia todavía hay instalada una cultura del silencio para encubrir abusos sexuales a menores que se escuda en una supuesta lealtad a la institución, que carece de mecanismos para prevenir abusos porque no apuesta por una cultura de la denuncia. En España, sin embargo, la Conferencia Episcopal se limita a dar evasivas, asegurando a quienes quieran creerlo que las herramientas de las que dispone la Iglesia en España son suficientes. ¿De verdad piensan los obispos españoles que están haciendo todo lo posible por encontrar y ayudar a las víctimas de pederastia?